Ya casi vamos para un año desde que la Corte Constitucional (CC) declaró inexequibles los artículos dela Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo, PND 2010-2014) a través de los cuales se promovía lamodernización de la agricultura en Colombia. La CC conceptuó que allí se desvirtuaban las prohibicionesrelacionadas con la titulación de baldíos establecidas por la Ley 160 de 1994.Los artículos declarados inexequibles buscaban flexibilizar el concepto de tenencia de la tierra, de talmanera que, donde se quisiera promover la producción a gran escala, se autorizaba ampliar las UnidadesAgrícolas Familiares (UAFs). Hasta ese momento y con base en la Resolución 041 de 1996 del Incora, selimitaban a 565 hectáreas, en el caso de la Orinoquía. Esta flexibilización de las UAFs era vital para abrirleespacio a la producción agrícola a gran escala en Colombia, especialmente en la Orinoquía, tal comohabía sido el caso del llamado “Cerrado Brasilero” (ver Informe Semanal No. 1073 de mayo de 2011).A este respecto, cabe recordar que estudios de la CAF y Fedesarrollo habían recomendado: i) redistribuir,retitularizar y asegurar los derechos de propiedad; ii) mejorar el clima de seguridad en la región;iii) implementar una política agropecuaria competitiva, basada en el desarrollo de la infraestructura dela región (fluvial y terrestre); y iv) reorientar el sistema de regalías para lograr mejores distribuciones yaplicaciones a la infraestructura.Con buen criterio, el PND se fijó metas concretas para dicha modernización, a saber: i) expandir la fronteraagrícola en un 10%, para alcanzar cerca de 5 millones de has. cultivadas, y los terrenos forestales enun 64%, llegando a casi 600.000 has.; ii) disminuir el área pecuaria en un 5%, a 36.8 millones de has.; yiii) incrementar la producción agropecuaria en un 19%, a 36.3 millones de tons. En el caso de la Orinoquíase tenía la ambiciosa meta de triplicar el área cultivada, llegando a 135.000 has. en 2014 (ver ComentarioEconómico del Día 10 de febrero del 2011).Los condicionamientos de las tierras en el PND, frente a dicha flexibilización de las UAFs, estaban bienorientados. En particular, se requería: i) vincular las tierras a nuevos proyectos de desarrollo agropecuarioo forestal; ii) impulsar la inversión y generar mucho empleo, con énfasis en la asociatividad entre no transferir la propiedad de la tierra, sino generar arrendamientos a largo plazo con losinteresados. Pues bien, a raíz de ese descalabro jurídico, el desarrollo agrícola a gran escala en Colombiaha quedado en un limbo.Esto ocurre en momentos en que el desarrollo de la Orinoquía había tomado algún ímpetu y donde elpropio capital privado había empezado a generar infraestructura para la zona. Como mencionábamos, laexperiencia del Cerrado brasilero indica que, con un manejo agroquímico adecuado, la Orinoquía estáen capacidad de expandir rápidamente la oferta de soya, maíz, palma, caucho, etc. Allí, los capitalesprivados resultan fundamentales, pues esta región enfrenta una serie de obstáculos para su desarrollo yse requiere de inversión para superarlos. Todo este proceso puede estar siendo abortado por cuenta dellimbo jurídico en que ha caído la producción agrícola a gran escala.Cifras recientes del Banco de la República corroboran el impulso que la Inversión Extranjera Directa (IED)le había venido dando a este tema. En efecto, la IED en el agro colombiano pasó de US$30-40 millonesen los años 2007-2009 a US$60 millones en 2010 y US$160 millones en 2011 (ver gráfico adjunto). Sinembargo, dicha IED volvió a perder ritmo en 2012, alcanzando sólo US$75 millones, donde seguramentetuvo alguna incidencia el fallo de la CC, antes comentado.El gobierno, con razón preocupado por este tema, ha anunciado que estará impulsando un proyecto deley para esclarecer las condiciones bajo las cuales se podrá continuar promoviendo la producción agrícolaa gran escala en Colombia. Todo parece indicar que predios adquiridos antes de expedida la Ley 160 de1994 no tienen problema alguno, pero es urgente esclarecer este tema de las UAFs para darle viabilidada la Orinoquía colombiana.Director: Sergio ClavijoCon la colaboración de Manuel I. JiménezFuente: cálculos Anif con base en Banco de la República.
Articulo tomado de las publicaciones de la ANIF.
La modernización agrícola y el limbo jurídico de Colombia
LA SITUACION DE COLPENSIONES Y LA CAPTURA DEL ESTADO
'En este espacio encontrara diversos artículos de actualidad jurídica, económica y comercial de los principales periodicos, revistas del mundo y por supuesto articulos propios.
PUBLICACIONES
La situación de Colpensiones y la captura del Estado
Tal como se venía rumorando, en días pasados se concretó la renuncia del Dr. Pedro Nel Ospina a la
dirección de Colpensiones. Se trataba de un tecnócrata que le había prestado eficientes servicios al país
en diversos campos, incluyendo director de la Dian, del presupuesto nacional e investigador del Banco de
la República. Pero claro, como se negó a ceder a las presiones burocráticas de los parlamentarios, y se
trazó un plan estratégico en ese difícil tránsito entre ISS y el moderno Colpensiones (creado en 2007), los
organismo de control se ensañaron con el Dr. Ospina y le han servido su cabeza en bandeja a un Congreso
que continúa manejando a su antojo las burocracias de la Dian, de Colpensiones y la Super-Salud.
¿Acaso en la siguiente bandeja estará la cabeza del Dr. Morales de la Super-Salud, otro tecnócrata que
también se ha caracterizado por asumir tareas de ordenamiento y transparencia en el sector público?
¿Se imaginan Uds. lo que le espera al país con la expansión burocrática del sector salud a través de la
anunciada Mi-Salud, asumiendo en simultanea las complejas tareas de recaudo, gestión-compensación y
supervisión? (ver Comentario Económico del Día 18 de junio de 2013).
Anif había venido mencionando que, además de los temas regulatorios, estaban estos grandes desafíos
administrativos del régimen público de pensiones. Tomó casi una década aprobar la escisión de los
servicios de salud y pensiones por parte del ineficiente y corrupto ISS. Colpensiones nació en el año
2007 bajo la Ley 1151, pero su entrada en operación fue reglamentada bajo el decreto 2011 de 2012.
Tiene la descomunal tarea de armar la historia actuarial de unos 6 millones de afiliados, 2 millones de
cotizantes y 1.3 millón de pensionados. Todo esto implica que Colpensiones debe administrar 60 bases
de datos que parecen “no hablarse bien” entre ellas; son 13 millones de expedientes; 1.2 millones se
encuentran en trámite; 900.000 pensiones aguardan su “dictamen”; y muchas personas llevan entre 2 y 5
años esperando una solución.
Por todo ello, se han incrementado los derechos de petición a unos 200.000/año y las tutelas bordean unas
100.000/año, intentando agilizar los trámites. Se habla de unos 84.000 procesos judiciales-pensionales,
donde el “enemigo” parece estar entronizado en el antiguo-ISS, existiendo 16.000 investigaciones internas
por faltas disciplinarias. Como si fuera poco, Colpensiones debe asumir múltiples tareas, tales como:
i) girar $1.2 billones/mes a dichos pensionados; ii) estudiar y aprobar el reconocimiento pensional de
unos 120.000 casos/año; y iii) manejar 340.000-500.000 solicitudes de información semestralmente (ver
Con la colaboración de Alejandro Vera
Como era previsible, la sistematización de Colpensiones ha sido complejísima, lo cual reconoció
recientemente la Corte Constitucional al aprobarle al saliente Dr. Ospina un plan de contingencia. Éste deberá
adelantarse durante este segundo semestre del 2013. En hora buena, el gobierno ha designado a su Vice-
Ministro de Trabajo, Dr. Mauricio Olivera, para continuar esa exigente tarea de poner a Colpensiones al día.
No obstante, este otro tecnócrata requerirá de mucho más apoyo gubernamental frente a las pretensiones
burocráticas de los parlamentarios, de lo contrario seguiremos con estas “operas tipo Salomé”.
Un tema que ha pasado algo desapercibido es que, a medida que se van procesando todas esas solicitudes
pensionales, va quedando clara la creciente presión fiscal que están generando estas nuevas obligaciones
del régimen público que administra Colpensiones. Por ejemplo, el borrador de presupuesto presentado
al Congreso de la República recientemente indica una creciente presión de los gastos operativos
(especialmente los de la seguridad social), donde los gastos en pensiones ahora comprometen el 4.1%
del PIB frente al “tope” del 3.5% del PIB que se había imaginado el gobierno años atrás, presionando
un Pasivo Pensional que se ubicaba cerca del 118% del PIB en 2009 (ver gráfico adjunto). Además, los
menores recaudos tributarios (tanto por desmonte del 50% del 4x1.000 como por menor ritmo de actividad
económica) están achicando el espacio presupuestal y de allí que ahora el gobierno vea la necesidad
de retomar la idea de las privatizaciones como fuente presupuestal para apoyar la inversión pública en
infraestructura (ver Informe Semanal No. 1822 de agosto del 2013).
Cabe entonces reflexionar con visión de mediano plazo: ¿Por qué insiste el gobierno en promover un
régimen público que no funciona en lo administrativo y que abre, día a día, un boquete fiscal más abultado?
Anif ha venido proponiendo de tiempo atrás soluciones de fondo, tecnocráticas (no populistas), que
implican: i) cierre del régimen público para nuevos cotizantes; ii) reducción de las tasas de reemplazo de
niveles del 65%-80% al 45%-50%, eliminando los subsidios remanentes; e iii) incremento de la edad de
pensión de 60/62 a 62/65 (Mujeres/Hombres). ¿Pero será que en año re-electoral el gobierno tiene éstas
como sus reformas prioritarias?
Valor Presente Neto del pasivo pensional
(% del PIB)
Fuente: cálculos Anif con base en Echeverri et. al (2001), Osorio et. al (2005), Clavijo (2009) y Ministerio de H
Director: Sergio Clavijo Agosto 22 de 2013
Con la colaboración de Alejandro Vera
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Articulo tomado de las publicaciones de la ANIF.
La modernización agrícola y el limbo jurídico de Colombia
¿Recuperación de las acciones energéticas en Colombia?
Sorpresivamente, el gobierno nacional acaba de anunciar la enajenación del 57.66% remanente de
propiedad que tiene en la tercera generadora de energía más importante del país (Isagén). Con ello, el
gobierno aspira a obtener recursos por cerca de $4.5 billones (0.7% del PIB). El Consejo de Ministros ha
fijado un precio para la subasta base de $2.850 vs. $2.700 que venía registrándose antes de anunciarse
su venta. Este último precio venía implicando una valorización de Isagén que fluctuaba entre el 10%-25%
anual, la cual va en línea con el incremento de sus utilidades del segundo trimestre del 2013.
Anif ha aplaudido este accionar del gobierno, pues viene a reforzar la disponibilidad presupuestal para
cambiar estos “activos energéticos”, que pueden inclusive mejorar su productividad en manos privadas,
por “activos en infraestructura física”, los que tanto requiere el país para poder competir globalmente en
un mundo de exigentes TLCs (ver Informe Semanal No. 1182 de agosto de 2013). Ahora cabe preguntarse
si este ímpetu que ha recibido la acción de Isagén, donde algunos analistas la tenían bordeando los
$3.000, se mantendrá e inclusive permeará otras acciones del sector energético que no habían tenido
buen desempeño durante el primer semestre del 2013 (ver gráfico adjunto).
Como lo hemos venido comentando, este “síndrome de la acción estrella” se explica por el ímpetu que le
había dado Ecopetrol al mercado accionario durante 2007-2010, pero el cual no ha logrado ser reforzado
por las acciones energéticas, como: ISA, Celsia, Isagén o la EEB (ver Comentario Económico del Día
25 de junio del 2013). En particular, el mercado ha venido castigando el menor ritmo de incremento de
reservas petroleras en Ecopetrol y las dificultades operativas en sus diferentes frentes de trabajo, muchas
de ellas atribuibles a problemas exógenos (huelgas, desorden público y temas ambientales).
En el caso de ISA, sus negocios se han visto golpeados en tres frentes cruciales: i) perspectivas negativas
en materia de construcción de las llamadas Rutas de la Montaña; ii) dificultades en la exportación de
energía a Panamá, Ecuador y Venezuela; y iii) control de las tarifas de energía eléctrica en Brasil,
malogrando su alianza con PetroBras-CTEEP.
En lo referente a Isagén, se ha mencionado que, vía múltiplos, dicha acción podría lucir cara a primera
vista, pero es necesario entrar a analizar su prospectiva. De una parte, la esperada culminación de Hidro-
Sogamoso, que implica una expansión cercana al 40% de su oferta energética, le dará sustento adicional
a dichos múltiplos, restando sólo un 20% en la ejecución de dicho proyecto. De otra parte, cabe recordar que ese precio de $2.850 tan sólo se refiere al precio base de puja en la ronda inicial de solidarios, luego
está por verse el “premium” que cobrará el gobierno al ceder totalmente el control, pues la oferta cubre el
57.66% del total de las acciones.
En buena medida la valorización de las acciones minero-energéticas dependerá de los progresos que se
hagan, primero, en el frente de orden público, actualmente deteriorado y afectando negativamente las
perspectivas de los sectores de petróleo y carbón; y, segundo, en el frente de los “contenciosos jurídicos”,
donde los graves problemas con terrenos y etnias han menoscabado su potencial de valorización.
Un tema crucial en el caso de las energéticas tiene que ver con la preocupación que manifestara el
gobierno en materia de sobre-costos energéticos (PIPE). Recordemos que la tarifa cobrada actualmente a
los industriales en Colombia bordea los 7.8 centavos-dólar/Kwh, tras la aplicación de la Ley 1430 de 2010,
similar a la de Brasil y México. Sin embargo, esta tarifa de energía cobrada en Colombia todavía supera en
15% la cobrada en Estados Unidos y en un 66% la de Perú.
Lo que es claro es que Colombia debe evitar a toda costa replicar aquí los errores de Brasil, donde los errados
controles tarifarios no sólo han “destruido valor accionario” (en Petrobras-CTEEP), sino que están postergando
(allí también) las ansiadas inversiones (ver Comentario Económico del Día 9 de mayo del 2013).
En síntesis, con esta oportunidad de valorización de las acciones energéticas que surge de la privatización de
Isagén, el gobierno debe tomar conciencia sobre ese delicado equilibrio entre incrementar la competitividad
del agro y la industria, pero sin menoscabar el potencial de crecimiento y sostenibilidad económica del
sector energético en su conjunto. A nivel nacional no se deben replicar los errores populistas del Alcalde
Petro, donde a punta de rebajas tarifarias de corto plazo se está sacrificando inversión (“capex”) en las
empresas de energía y acueducto-alcantarillado, lo cual a la postre redundará en mayores sobre-costos
para todos los sectores.
*Datos a julio 30 de 2013.
Fuente: cálculos Anif con base en Bloomberg y BVC.
Director: Sergio Clavijo Agosto 20 de 2013
Con la colaboración de Sandra Zamora
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Director: Sergio Clavijo
Articulo tomado de las publicaciones de la ANIF.
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras:
¿Cómo va la cuota inicial del proceso de Paz?
Hace ya cerca de un año, en septiembre de 2012, se inició la etapa pública de las actuales negociaciones
de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana-Cuba. A dicho proceso
cabe destacarle varios méritos: i) ello ha procedido sin ceder a las pretensiones de la guerrilla sobre
despeje territorial y/o ceses al fuego, pues era evidente que cualquier “escaramuza” habría descarrilado
rápidamente dichos diálogos; ii) las conversaciones ocurren fuera de Colombia, lo cual ha sido una ventaja
a la hora de la moderación en los comunicados sobre avances, sin comprometer la institucionalidad del
país; iii) se ha avanzado sobre una agenda temática bien definida y con cronogramas que intentan acortar
los plazos (a meses y no a años vista); y iv) se parte de una ratificación de los principios de la Carta
Política de 1991, evitando llamados a nuevas constituyentes que afecten dichos principios de respeto a
la propiedad privada, la libertad de mercados bajo un marco de competencia y el ordenamiento jurídico
conforme al “imperio de la ley”.
Sin embargo, el tema de corto cronograma ahora se ve afectado por el proceso electoral que se iniciará
formalmente a finales del 2013 y donde el gobierno ya ha dejado ver su intención re-electoral. Seguramente
todo ello forzará a una especie de “paréntesis” durante el primer semestre del 2014 y un reinicio de los
diálogos en junio del próximo año. Para entonces, seguramente Santos habrá sido re-elegido y en primera
vuelta, a falta de contendores de peso y a pesar de que las intenciones de voto re-electorales actualmente
sólo bordean el 45%.
Entre tanto, la Administración Santos debe avanzar con mayor celeridad en la reparación de víctimas y
restitución de tierras (Ley 1448 de 2011), que, en hora buena para ambas partes, bien puede interpretarse
como la “cuota inicial” de este proceso de paz. La mala noticia es que dicha implementación ha encontrado
serios tropiezos, donde sobresalen: i) la identificación de las víctimas; ii) la titulación de los predios; y iii) la
sostenibilidad económica de esos nuevos propietarios y su impacto fiscal.
En efecto, la Ley 1448 habilita como víctimas a los afectados a partir del 1 de enero de 1985 y como
consecuencia de infracciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del conflicto interno del país.
Su potencial cobertura está entre unos 4 millones de víctimas, incluyendo a desplazados (9% de la población
del país), y unos 830.000 hechos victimizables, según el Conpes 3712 de 2011. Esta gran incertidumbre
sobre su cobertura ha dado para que florezcan redes de corrupción prontas a desfalcar al Estado.
La titulación de predios también representa un gran desafío. La Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha
recibido cerca de 33.000 solicitudes, durante 2011-febrero 2013, afectando 2.4 millones de hectáreas. Esta
es una cifra gigantesca, si tenemos en cuenta que el área cultivable de Colombia debe estar bordeando los
4-5 millones de hectáreas. Sólo el 3.7% de dichas solicitudes procede de indígenas o de negritudes (ver
gráfico adjunto). Los problemas técnicos a la hora de la adjudicación tocan con variados temas: i) falta de
actualización catastral y de allí la urgencia del censo agropecuario (con cerca de tres décadas de atraso); y
ii) problemas de testaferrato y litigios jurídicos sobre muchos de los actuales terrenos por adjudicar.
Además, el costo de estos procesos de restitución, titularización y habilitación de los predios para volverlos
productivos es elevado. Según el Conpes 3712, la sola restitución podría valer unos $55 billones durante
los años 2012-2021. Esto implica gasto público adicional por valor de unos $5.5 billones por año (0.8%
del PIB de 2012). Aun si se lograran netear las fuentes presupuestales ya asignadas, entre la Oficina de
Estupefacientes y el Fondo de Reparación a las Víctimas (FRV), dicho costo adicional no sería inferior al
0.4% del PIB por año durante la próxima década.
Por último, y suponiendo que los desplazados logran volver a sus tierras y permanecer en ellas, está
pendiente el tema de la sostenibilidad económica de dichas familias. Recordemos que sin créditos
blandos, cultivos viables (distintos a la coca) y sin seguridad ciudadana en toda la cadena productiva
(finca a puerto) será imposible darles sostenibilidad económica, ni a los reparados ni a los desmovilizados.
La Ley 1448 estableció, a través del FRV, líneas de redescuento especiales para Bancoldex y Finagro,
apoyadas con el Fondo Nacional de Garantías, para las víctimas restituidas. Ahora el desafío está en la
implementación exitosa de toda esta cadena productiva.
En síntesis, aunque se ha dado un gran paso histórico con la aprobación de una Ley de víctimas y restitución
de tierras, el gobierno tiene el reto de demostrar que es capaz de implementarla. Si es exitoso, el gobierno
estará demostrando con hechos que ya ha puesto la “cuota inicial” de un proceso de paz que hoy se ve
asediado por los repetidos paros (algunos de ellos azuzados por la propia guerrilla) y por el “paréntesis”
que nos dicta el cronograma electoral. Por el contrario, su tardanza y el marasmo estatal podrían otorgar
excusas para desbarrancar el único punto concreto de avance en las actuales negociaciones de paz.
Director: Sergio Clavijo
Con la colaboración de Alejandro Vera
413
1.842
114
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2011 2012 2013 Total
96.3% Otro
1.8% Indigena
1.9% Afrocolombiano
Solicitudes de entrada al registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente
Miles de hectáreas No. de solicitudes
2.369
26.626
4.632 1.430
32.688
Fuente: cálculos¿Recuperación de las acciones energéticas en Colombia?
Sorpresivamente, el gobierno nacional acaba de anunciar la enajenación del 57.66% remanente de
propiedad que tiene en la tercera generadora de energía más importante del país (Isagén). Con ello, el
gobierno aspira a obtener recursos por cerca de $4.5 billones (0.7% del PIB). El Consejo de Ministros ha
fijado un precio para la subasta base de $2.850 vs. $2.700 que venía registrándose antes de anunciarse
su venta. Este último precio venía implicando una valorización de Isagén que fluctuaba entre el 10%-25%
anual, la cual va en línea con el incremento de sus utilidades del segundo trimestre del 2013.
Anif ha aplaudido este accionar del gobierno, pues viene a reforzar la disponibilidad presupuestal para
cambiar estos “activos energéticos”, que pueden inclusive mejorar su productividad en manos privadas,
por “activos en infraestructura física”, los que tanto requiere el país para poder competir globalmente en
un mundo de exigentes TLCs (ver Informe Semanal No. 1182 de agosto de 2013). Ahora cabe preguntarse
si este ímpetu que ha recibido la acción de Isagén, donde algunos analistas la tenían bordeando los
$3.000, se mantendrá e inclusive permeará otras acciones del sector energético que no habían tenido
buen desempeño durante el primer semestre del 2013 (ver gráfico adjunto).
Como lo hemos venido comentando, este “síndrome de la acción estrella” se explica por el ímpetu que le
había dado Ecopetrol al mercado accionario durante 2007-2010, pero el cual no ha logrado ser reforzado
por las acciones energéticas, como: ISA, Celsia, Isagén o la EEB (ver Comentario Económico del Día
25 de junio del 2013). En particular, el mercado ha venido castigando el menor ritmo de incremento de
reservas petroleras en Ecopetrol y las dificultades operativas en sus diferentes frentes de trabajo, muchas
de ellas atribuibles a problemas exógenos (huelgas, desorden público y temas ambientales).
En el caso de ISA, sus negocios se han visto golpeados en tres frentes cruciales: i) perspectivas negativas
en materia de construcción de las llamadas Rutas de la Montaña; ii) dificultades en la exportación de
energía a Panamá, Ecuador y Venezuela; y iii) control de las tarifas de energía eléctrica en Brasil,
malogrando su alianza con PetroBras-CTEEP.
En lo referente a Isagén, se ha mencionado que, vía múltiplos, dicha acción podría lucir cara a primera
vista, pero es necesario entrar a analizar su prospectiva. De una parte, la esperada culminación de Hidro-
Sogamoso, que implica una expansión cercana al 40% de su oferta energética, le dará sustento adicional
a dichos múltiplos, restando sólo un 20% en la ejecución de dicho proyecto. De otra parte, cabe recordar
Continúa
Director: Sergio Clavijo Agosto 20 de 2013
Con la colaboración de Sandra Zamora
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Director: Sergio Clavijo
Con la colaboración de Sandra Zamora
que ese precio de $2.850 tan sólo se refiere al precio base de puja en la ronda inicial de solidarios, luego
está por verse el “premium” que cobrará el gobierno al ceder totalmente el control, pues la oferta cubre el
57.66% del total de las acciones.
En buena medida la valorización de las acciones minero-energéticas dependerá de los progresos que se
hagan, primero, en el frente de orden público, actualmente deteriorado y afectando negativamente las
perspectivas de los sectores de petróleo y carbón; y, segundo, en el frente de los “contenciosos jurídicos”,
donde los graves problemas con terrenos y etnias han menoscabado su potencial de valorización.
Un tema crucial en el caso de las energéticas tiene que ver con la preocupación que manifestara el
gobierno en materia de sobre-costos energéticos (PIPE). Recordemos que la tarifa cobrada actualmente a
los industriales en Colombia bordea los 7.8 centavos-dólar/Kwh, tras la aplicación de la Ley 1430 de 2010,
similar a la de Brasil y México. Sin embargo, esta tarifa de energía cobrada en Colombia todavía supera en
15% la cobrada en Estados Unidos y en un 66% la de Perú.
Lo que es claro es que Colombia debe evitar a toda costa replicar aquí los errores de Brasil, donde los errados
controles tarifarios no sólo han “destruido valor accionario” (en Petrobras-CTEEP), sino que están postergando
(allí también) las ansiadas inversiones (ver Comentario Económico del Día 9 de mayo del 2013).
En síntesis, con esta oportunidad de valorización de las acciones energéticas que surge de la privatización de
Isagén, el gobierno debe tomar conciencia sobre ese delicado equilibrio entre incrementar la competitividad
del agro y la industria, pero sin menoscabar el potencial de crecimiento y sostenibilidad económica del
sector energético en su conjunto. A nivel nacional no se deben replicar los errores populistas del Alcalde
Petro, donde a punta de rebajas tarifarias de corto plazo se está sacrificando inversión (“capex”) en las
empresas de energía y acueducto-alcantarillado, lo cual a la postre redundará en mayores sobre-costos
para todos los sectores.
*Datos a julio 30 de 2013.
Fuente: cálculos Anif con base en Bloomberg y BVC.
Director: Sergio Clavijo 31 de julio de 2013
Con la colaboración de Alejandro Vera
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Articulo tomado de las publicaciones de la ANIF.
Costo económico de los paros y descarrilamiento institucional de Colombia
Colombia aún no aprende la lección de que ceder ante los paros, ante las vías de hecho, tiene un doble
costo: uno económico (cuantificable) y otro institucional (incuantificable, pero es el más gravoso por
el desprestigio que genera para los gobernantes). Durante el segundo semestre del 2012 y el primer
trimestre de 2013 Colombia enfrentó cinco graves paros sectoriales, con los preocupantes resultados
antes señalados. Veamos esto con mayor detalle.
Huelga del Sector Justicia (42 días). A pesar de estar prohibido en la Constitución y de los fallidos intentos
de la Corte Constitucional por hacerla respetar, el sector Justicia ha venido arrinconando al Ejecutivo
por las vías de hecho: a Uribe en el 2009 y a Santos en 2012-2013 (ver Comentario Económico del Día
8 de noviembre del 2012). El paro más reciente duró cerca de dos meses, afectando cerca de 150.000
asuntos judiciales durante dicho lapso. El gobierno decidió “premiar” el paro otorgando reajustes salariales
(por $1.22 billones durante 2013-2017), sin exigir contrapartidas de ganancias en productividad (pues
la Reforma Constitucional la tuvo que hundir el propio gobierno). No satisfechos con ello, el sindicato
optó por extender el paro por otras semanas, tras la llamada “vacancia judicial” de finales del 2012. Se
ha calculado que los costos directos de 42 días de paro judicial ascendieron a unos $65,000 millones,
equivalentes a 0.1% del PIB de ese trimestre (ver cuadro adjunto).
Paro del Sector Carbonífero (32 días). Se estima que las huelgas del Cerrejón y de Prodeco, unidas a la
paralización de los embarques de la Drummond (por fallas ambientales causadas por la firma), afectaron
cerca del 70% de la producción del sector carbón de Colombia. Ello implicó un desplome del 21% de
la producción durante el primer trimestre del 2013, pasando de 23.3 millones de toneladas a sólo 18.4
millones. Para el año como un todo, ya se han rebajado los pronósticos de exportación en cerca de 7
millones de toneladas, producto de este mal arranque y de los menores precios internacionales. Anif
ha estimado que la pérdida económica ascendió a unos $660.000 millones durante esos 32 días de
inactividad (0.5% del PIB de ese trimestre).
Paro del sector cafetero (12 días). A pesar de que sus problemas estructurales e institucionales han sido
claramente identificados desde hace ya un buen tiempo (ver Informe Semanal No. 1137 de agosto de
2012), los cafeteros decidieron recurrir a las vías de hecho para reclamar mayores subsidios, los cuales
Director: Sergio Clavijo Julio 11 de 2013
Con la colaboración de Alejandro Fandiño
Consúltelo en el home www.anif.co
Director: Sergio Clavijo
Con la colaboración de Alejandro Fandiño
fueron otorgados en dos tandas: cuando gritaron duro (hasta $60,000 por carga) y después más-duro
(hasta $145,000 por carga). La forma en que se diseñó su otorgamiento hizo una mala combinación de
ingreso al caficultor, donde cualquier afectación del precio internacional y/o de la tasa de cambio tendrá que
ser absorbida por el fisco nacional (pues el Fondo del Café quebró hace años).
Anif estima que dicho paro cafetero afectó la recolección de unas 160.000 cargas de 125Kg durante febreromarzo
del 2013, representando no menos de unos $85.000 millones (otro 0.1% del PIB de ese trimestre).
Dado el daño institucional (… mal gobierno), después se sumarían a solicitar subsidios, por vías de hecho,
los cacaoteros, paperos y hasta los arroceros, que combinados con los paros del transporte, representaron
costos adicionales por cerca de otros $70,000 millones.
Huelgas en la Universidad Nacional (27 días). Aunque pasó algo desapercibido, el daño al capital humano
causado por las recurrentes huelgas de la Universidad Nacional son de extrema gravedad. Este último
cese de actividades significó un costo de unos $36.000 millones, sin contar allí el detrimento en la calidad
académica que todo ello causa. Mientras más nos vanagloriamos de prontas entradas al Club de países
ricos (OECD), más parece rezagarse nuestro sistema educativo público, tanto a nivel de primaria como en
niveles superiores.
En síntesis, los cinco paros de finales de 2012 y principios de 2013 le costaron al país no menos de unos
$900.000 millones, equivalente a 0.8% del PIB del primer trimestre de 2013. Este valor perdido por cuenta
de las huelgas es como si toda Colombia hubiera hecho un paro de un día completo. Si sumamos esta
pérdida a los cuatro días hábiles de menos que se registraron en el primer trimestre de 2013, el PIB-real
de este año entra con un hándicap de 1.8% de menor valor-agregado. Mientras el gobierno le asigna a la
desaceleración económica actual una gran ponderación a los “choques del exterior”, como vemos muchos
de los factores son de “cocinado local”, por falta de un apropiado manejo gubernamental, en medio de una
peligrosa desinstitucionalización, que toca sectores tan variados como la justicia, el café, el carbón y las
universidades públicas.
Sector Días Costo
($ millones)
Costo/PIB
(I-trim, %)
Justicia 42 65.122 0.1
Carbón 32 656.155 0.5
Universidad Nacional 27 36.362 0.0
Café 12 84.083 0.1
Otros agrícolas (transporte) 6 69.627 0.1
Total 119 911.349 0.8
Fuente: cálculos de Anif con base en Simco, Federación de Cafeteros, Dane, Consejo Superior de
la Judicatura y Universidad Nacional.
Director: Sergio Clavijo Julio 11 de 2013
Con la colaboración de Alejandro Fandiño
Consúltelo en el home www.anif.co
Director: Sergio Clavijo
Articulo tomado de las publicaciones de la ANIF.
JULIÁN RODAS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES